(Noticia extraída del Diario de Avisos)

ESAÚ HERNÁNDEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Lejos del alivio que, por definición, otorga la aplicación de la ley al que cumple con ella, palabras como “miedo”, “temor”, “pavor”, “nos hemos quedado blancos”, etcétera, resonaron en una constante catarata de murmullos que llegó a ser un abucheo casi unánime del centenar de funcionarios que, además, aplaudieron en masa todas las intervenciones de sus compañeros contra la defensa del Código Penal expuesta ayer por la fiscal delegada para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio en la provincia tinerfeña, Inmaculada Violán.

La fiscal aseguró en su ponencia del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que “vienen peores tiempos para las autoridades, funcionarios e infractores” en general, lo que produjo la primera oleada de cuchicheos entre los funcionarios asistentes y la matización de Violán: “No lo digo por mí, lo digo por la reforma del Código Penal”, que contempla un endurecimiento en las penas de cárcel por delitos urbanísticos y que calificó como “un avance incuestionable”, ya que los delitos urbanísticos “suscitan una gran sensibilidad social, porque es un problema enquistado en la sociedad”.

Tensión continua

Pero la fiscal no dejó de criticar carencias que, a su juicio, sigue teniendo el Código Penal, como “no recoger una de las infracciones que son muy graves, las reclasificaciones”. “¿Pero a qué se refiere? ¿A las recalificaciones, a las reclasificaciones, a las recategorizaciones?”, preguntó auspiciada por los aplausos una de los funcionarias presentes, tras la exposición. “A los cambios de suelo, y usted lo sabe perfectamente”, respondió Violán. A no ser que uno se siente frente a ella, como reconoció que había hecho la consejera del Planificación Territorial del Cabildo, Pino de León. Eso sí, “en calidad de testigo, y es desagradable”... Las carcajadas obligaron a De León a aclarar que lo desagradable era la situación, y a Violán que no lleva escondido los cuernos y el rabo. Pero en todo caso pocas oportunidades hay de escuchar a Violán, denunciante del caso Arona, caso Varadero, caso Mamotreto, entre otros de gran relieve mediático, y a la que se rindió hasta el que fue su oponente en el debate. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna Esteban Sola Reche aplaudió los conocimientos de la fiscal y salió en su defensa para aclarar a los funcionarios que la ley establece claramente qué cambios de suelo son constitutivos de delito: “Se pueden quedar tranquilos”, sentencio el penalista sobre este tema.

Lo que prendió los ánimos de los técnicos fue que Violán asegurara que percibe “el miedo, la tensión y la presión a la que se ven sometidos los funcionarios públicos y que me hacen ver que están en situaciones difíciles dentro de la Administración”. Para la fiscal, los empleados públicos “juegan un papel fundamental”, y considera que “la clave, más que en los responsables políticos, está en los funcionarios”. La misma técnico, acompañada por la confirmación de los mismos aplausos generalizados, aseguró que “ese pavor que tú percibes en los funcionarios es porque de ninguna manera tienes la formación necesaria [otra técnico la limitó a seis meses de experiencia “para enterarme de algo”].  Te lo digo con respeto”. “Sí, sí, con todo el cariño”, respondió la fiscal, para añadir algunos ejemplos de delito manifiesto, como las licencias con informes técnicos ordenados por políticos o las licencias sin calificaciones territoriales, pese a que la jurisdprudencia lo establece. “Casos para los que está absolutamente capacitado un penalista”, matizó. Violán recordó que incluso se valen de la asistencia técnica de la Administración y que “cuando algo es interpretable, no hay infracción”. La fiscal lamentó que siempre tengan que ser los ciudadanos los que acuden a la Fiscalía y recordó que tanto los tribunales administrativos antes de emitir sentencia (el Derecho Penal prima y nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces), las instituciones públicas y los “funcionarios” tienen la “obligatoriedad” de denunciar ante el Ministerio Fiscal si sospechan de la existencia de un delito, lo que volvió a poner nerviosos a los técnicos presentes.

La ignoracia no está penada

Más allá de que son recientes varias sentencias por despidos nulos a funcionarios, otra técnico mostró su miedo a perder el trabajo si denuncia. Violán le respondió que el informe en contra, pese a no ser vinculante, si advierte también sobre las responsabilidades penales, le sirve a la Fiscalía para demostrar que el imputado había sido advertido, “por eso son la clave”, dijo. La fiscal pidió a los técnicos que no se escudasen en que el Derecho Penal no es competente porque “no es un argumento. A la norma penal sólo hay que tenerle miedo si hay intencionalidad, la ignorancia no está penada”.

Sin embargo, los funcionarios se refirieron a compañeros que han estado procesados durante años, algo que les ha “cambiado la vida”. “Pero no han sido condenados”, destacó Esteban Sola, que vio como perdió importancia en el debate su defensa de que los delitos urbanísticos ya se podían juzgar por estar contemplados en la Constitución y que no era necesaria su inclusión en el Código Penal. Además, criticó el artículo 319 y 320 porque no se puede perseguir el urbanismo “contrario al interés general”. Para la fiscal, los delitos urbanísticos van mucho más allá de ese articulado y defiende que es su responsabilidad buscar en la norma el artículo que  se incumple. Violán destacó “el campo de la motivación, ¿qué lleva al funcionario a realizar un informe grosero, caprichoso, contrario a las normas, además de injusto y contrario a la norma?”. Para la fiscal, “el urbanismo y la corrupción están ligados de una manera no deseada”. Una relación en la que han coincidido la mayoría de los ponentes y que Inmaculada Violán achaca achaca a que “se mueve mucho dinero y el que no lo quiera ver, que no lo vea”.