Lejos de valorar el dictamen de la abogada del TJUE como una derrota, las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual la recibieron como una pequeña victoria. Y es que su primera lectura estuvo centrada en la idea de que Verica Trstenjak ha ratificado en su informe la validez y legalidad del canon. «Plantea la plena vigencia de aplicar la compensación equitativa por copia privada a aquellos equipos y soportes materiales que se venden en el mercado para consumo personal», comentó Rafael Sánchez, director gerente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

De hecho, fue más allá y advirtió de que un posible cambio en la actual legislación no sólo no beneficiaría a los usuarios 'de a pie de calle', sino que les perjudicaría de manera ostensible. «El sistema que se propone pretende que el pago por copia privada recaiga sólo en los particulares, mientras que el actual plantea la aplicación mediante prorrateo de una tarifa menor entre todos los soportes. En definitiva, si las empresas dejan de pagar, lo tendrán que hacer los usuarios», advirtió Sánchez, que llegó a sugerir posibles situaciones de picaresca. «¿Y que ocurriría si una compañía compra un gran lote de cedés y uno de sus trabajadores se dedica después a revenderlos a particulares?», dejó en el aire el directivo.