El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia, enmarcados en el Plan de Modernización de la Justicia, y cuyo objetivo es reducir la carga de trabajo de los tribunales.

Con este paquete legislativo, al que el Consejo de Ministros dio ayer luz verde para su remisión a los órganos consultivos, el Ejecutivo pretende disminuir el número de litigios que llegan a los juzgados y que los ciudadanos no tengan que pasar siempre por los tribunales para resolver sus desavenencias.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que presentó ayer al Ejecutivo estos proyectos, enmarcados también en la estrategia de economía sostenible, ha insistido en que la mediación será un cauce "ágil, barato y rápido" para resolver las controversias de los ciudadanos sin llegar a los tribunales. La ley regula la mediación para asuntos civiles y mercantiles, pero excluye expresamente la mediación penal, que se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la conciliación laboral y en materia de consumo, que ya regulan otras normativas. El procedimiento de mediación en los ámbitos civil y mercantil será voluntario, sencillo y económico, y el acuerdo alcanzado se considerará "cosa juzgada" y será como una sentencia.