(Noticia publicada originalmente en el diario La Opinión de Tenerife)
El Parlamento canario inició el periodo de sesiones con una nueva sesión polémica, motivada por la aprobación de la Ley de Igualdad que, gracias a un artículo introducido por CC y PP, avala el derecho a la maternidad que propugnan organizaciones antiabortistas, como RedMadre y el Foro canario de la Familia. El PSC, que fue el impulsor de la iniciativa, pidió que la aprobación se quedara sobre la mesa, por entender que estos "grupos de presión" estaban haciendo una "instrumentalización perversa" del contenido de la Ley, cuestión que no fue aceptada ni por CC ni por el PP al considerar que los socialistas estaban intentando "secuestrar" el texto legislativo, que, finalmente, salió adelante con el voto en contra de los socialistas a los artículos más conflictivos.
En concreto, la portavoz socialista en esta Ley, Eulalia Guerra, se refería a RedMadre, promovida por el Foro Canario de la Familia y el Foro Español de la Familia, una asociación que asegura representar a más de 4 millones de familias a través de las 5.000 federaciones y asociaciones cuyos postulados respecto a la definición de la familia coinciden con los de la Iglesia Católica, la cual ha apoyado activamente las manifestaciones que ha convocado en contra del aborto.
El polémico artículo 51 (bis), creado por CC y PP, asegura que "las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir información y asesoramiento sobre todas las ayudas y apoyos a los que pueden acceder para afrontar cualquier problema derivado del embarazo a fin de ejercer su derecho a ser madres".
Además, la Ley recoge que las mujeres "tienen derecho a la libertad de opción en cuanto a la maternidad, para lo que recibirán la información y asistencia necesarias a fin de superar cualquier conflicto social, económico, psicológico o de integración social y familiar que les pueda plantear el embarazo, la maternidad o su posible interrupción de acuerdo con la legislación vigente".
Asimismo, tras la entrada en vigor de la legislación, "los poderes públicos apoyarán a las mujeres embarazadas, tanto de la Comunidad Autónoma canaria, como las que residan en el exterior", creando "un sistema público de apoyo e información de recursos a las mujeres embarazadas para continuar adelante con dicho embarazo, en el parto y después de éste".
