Estrasburgo (Francia). (Efe).- El comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, criticó hoy, en su página web, la prohibición del burka y el niqab porque "atenta contra la vida privada". Bajo el título: La diversidad en Europa debe estar protegida contra los reflejos islamófobos. El burka no debe ser prohibido, en el último artículo de los que publica regularmente en su página de internet, Hammarberg se explaya sobre las dos prendas islámicas.

Según el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, prohibir el burka -que oculta todo el cuerpo- y el niqab -que dispone de una abertura para los ojos- "no liberaría a las mujeres oprimidas" sino que "podría agravar su exclusión" en Europa. La prohibición podría tener, según el comisario, "serios problemas de compatibilidad" con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto a los artículos 8 (Derecho al respeto de la vida privada) y 9 (Libertad de pensamiento, conciencia y religión).

Para Hammarberg, las tesis de los defensores de la prohibición "son aún menos convincentes porque el número de mujeres que llevan esas prendas es muy bajo". Aunque algunas mujeres son presionadas para llevar esas prendas, reflexiona el comisario, Hammemberg cree que "nada permite pensar con certeza que serían favorables a la prohibición". Es imposible probar, añade, que sufren mayor represión, en su condición de mujeres, que las que no las llevan. Hammarberg estima que los regímenes que imponen el velo integral a las mujeres aplican una "medida profundamente represiva e inaceptable", pero que dicha situación no se combate, sin embargo, prohibiéndola en otros países, afirma.

Por ello, el comisario ve "lamentable" que el debate público en numerosos países europeos se haya centrado exclusivamente en el carácter "musulmán" de las vestimentas, lo que da lugar a "argumentos islamófobos" e impide establecer elementos para el diálogo.

También cree que los Estados "deben evitar legislar" sobre la forma de vestir de la gente, aunque sí considera legítimo, en cambio, la prohibición para representantes del Estado, como policías o jueces, de llevar símbolos religiosos. Un ejemplo de los países a los que el comisario se refiere es Francia, que planea prohibir por ley el uso del burka o velo islámico en los servicios públicos. No en vano, la misión parlamentaria encargada de estudiar la regulación del uso del burka en Francia propuso que el Parlamento adopte una resolución de condena hacia una prenda "contraria a los valores de la República", como la describió el propio presidente francés, Nicolas Sarkozy.

En la misma senda de pensamiento se ha situado el partido francófono belga CDH, de orientación democristiana, que quiere prohibir el uso de la controvertida prenda en los espacios públicos para luchar contra lo que ellos consideran, la "deshumanización de la mujer". Por su parte Hammemberg, defiende que los funcionarios que atienden al público no puedan llevar el rostro cubierto, al igual que el interés general hace que haya que mostrar el rostro por motivos de seguridad o para una identificación.

"No hay tolerancia sin reciprocidad", asegura el comisario en su artículo, donde mantiene que la prohibición del burka y el niqab sería tan negativo como hubiera sido condenar al dibujante danés del diario Jyllands-Posten que esbozó en 2005 las célebres caricaturas de Mahoma con una bomba en el turbante y que desencadenaron violentas protestas en varios países árabes.

En vez de prohibir esas prendas, Hammarberg invita a las autoridades a promover el diálogo multicultural y el respeto de los derechos humanos, concluye el comisario en su artículo.

Todos los registros civiles de España, que incluyen 110.210 tomos manuscritos y 68.197.976 páginas, han sido ya digitalizados, según informó el Ministerio de Justicia.

Justicia explicó que esta digitalización es fruto del programa 'Registro Civil en Línea', impulsado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria a través de Red.es y cofinanciado con fondos Feder.

La digitalización de estos archivos, desde 1950, consigue agilizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio prestado por los registros civiles y juzgados de paz.

Esta iniciativa, dotada con un presupuesto total de 128 millones de euros, favorece el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso Electrónico (Ley 11/2007), que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

Gracias al programa se ha conseguido que otros organismos públicos, como la Seguridad Social, la Dirección General de la Policía o la Agencia Tributaria puedan acceder -con la correspondiente autorización del ciudadano- a la información necesaria para la tramitación de sus procedimientos.

Entre estos procedimientos se encuentran, por ejemplo, el pago de las pensiones o los cheques cuna, reduciendo los tiempos de espera, la gestión de trámites en papel y el número de visitas para la obtención de los certificados.

El próximo paso en este programa es la digitalización del Registro Civil Central, que cuenta con más de 10.500 tomos y servirá para obtener una base de datos completa de cara al desarrollo del nuevo Registro Civil de Servicios.